Buscar
  • Juan Manuel Díaz Tocarruncho

La presunción de inocencia en contratación estatal y en la vida.


El transcurso del tiempo siempre decanta la verdad de las cosas, tanto en la vida como en la contratación estatal.


Es por esto que debemos recordar, por encima de todas las cosas, que no podemos acusar y condenar, sin preguntar, sin pruebas, con meros indicios o con imágenes mentales condicionadas por que vivimos en un país, en el que creemos que todo el mundo nos engaña, nos miente, o busca aprovecharse o burlarse de nosotros.


Entiendo que no es fácil dejar esa condición o predisposición a un lado, la de juzgar y condenar a priori, pero si queremos que la verdad sea la que impere en todo lo que hacemos, así lo debemos hacer.


No debemos enterrar la presunción de inocencia, en ningún ámbito de nuestras vidas.


Es tan fácil destruir una vida, una relación; tanto personal como contractual, por una mera suposición, creencia, imagen mental, supuesto o interpretación sesgada o fuera de contexto, que debemos empezar por desterrar esta práctica


Los seres más sabios, antes de juzgar siempre preguntan.


Así sucede con los grandes jueces y los mejores servidores públicos, antes de creer que una acusación contra una persona o una oferta, o un contratista es cierta, preguntan, indagan.


Y preguntan porque la vida ya los ha castigado a ellos mismos, con el peso de una acusación o imputación, a alguien, tanto de manera personal, así como de manera profesional.


La historia nos enseña eventos de acusaciones falsas, como el caso de José, hijo de Jacob, según relato del Génesis; que fue acusado por la esposa de Potifar, de un presunto adulterio que no existió. Esta falsa acusación lo llevó a pasar 13 años en la cárcel, para después ser el hombre más sabio e influyente de Egipto.


Las leyes deben ser el reflejo de la vida en comunidad, por eso el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero yendo más adelante, y pensando no en tirar piedras, sino en buscar la verdad, siempre es bueno preguntar, y más aún escuchar la respuesta de quien se le pregunta o de quien se tiene duda.


La conclusión es que quien es escuchado, luego de ser acusado; de ese momento en adelante actuará con tal apego a lo justo y a la verdad, que con su ejemplo tanto en la vida, como en la actividad pública o contractual, será uno de los pilares de la construcción de una mejor sociedad.


Esto en materia de contratación estatal, lo que permite es que el nivel de exigencia entre los proponentes del Estado suba, que se lo piensen bien antes de engañar, y que al tener cada día mejores prácticas, los beneficiados siempre seremos todos los seres humanos que hacemos parte de un grupo social, es este caso quienes estamos agrupados en un país, región, territorio, continente y finalmente todo el planeta.


La presunción de inocencia tiene rango constitucional, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 29 de la carta magna. Es por esto que es importante respetar siempre la citada presunción, ya que así como el principio de la buena fe, garantiza que todos los participantes en un proceso de selección público, tengan el derecho de participar en igualdad de condiciones, la presunción de inocencia permite mayor pluralidad de oferentes.


De la misma forma el citado artículo 29, contempla dentro de la presunción, el derecho que nos asiste a todos los ciudadanos al debido proceso, el cual también se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.


Al debido proceso se adscriben por lo menos los siguientes nueve principios:


“(...)

(i) legalidad, (ii) imparcialidad, (iii) favorabilidad penal, (iv) presunción de inocencia, (v) defensa, (vi) publicidad, (vii) contradicción, (viii) doble instancia y, por último, (ix) non bis in ídem”. (Sentencia C-053 de 2021)


Como vemos, la presunción de inocencia contiene un componente bastante garantista, para quien es acusado de una falta o infracción.


Como conclusión podemos anotar que la Corte Constitucional, (Sentencia C-053 de 2021) revisó la presunción de inocencia en materia de contratación estatal, al pronunciarse acerca de la declaratoria de EXEQUIBILIDAD del inciso 2 de la sección (j) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.


Dijo la Corte:

“La Corte ha reconocido que el alcance de la presunción de inocencia se proyecta en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, en tanto “se circunscribe, generalmente, al ámbito de aplicación de los procedimientos penales o sancionatorios, [así como] también [a] todo el ordenamiento sancionador-disciplinario, administrativo, contravencional etc. (…)”. Por tanto, su alcance no atañe al régimen de las referidas inhabilidades. En estos términos, la Corte reitera que las inhabilidades que solo persiguen la protección del interés general y de principios como la moralidad, la eficacia o la transparencia, que no la “imposición de una condena o de una sanción” en ejercicio de “la potestad sancionadora del Estado”, no están sujetas al alcance normativo del principio de presunción de inocencia.”


Debemos ser muy cuidadosos a la hora de acusar, pues con la misma vara que nos miden, serán medidos quienes acusan.




26 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo