La adecuada observancia de los principios de Economía y Transparencia en la Contratación directa.

 


Es importante entender  que en la práctica,  la herramienta de la Contratación directa,  no debe utilizarse como mecanismo para eludir los procedimientos de selección según la naturaleza de las obras, los servicios y bienes que se pretendan adquirir o realizar. La asignación de los recursos del presupuesto estatal que se realiza a los particulares, sociedades de economía  mixta, instituciones de educación superior, fundaciones entre otros, en ocasiones no tiene la idoneidad necesaria para cumplir con los fines propios del Estado; de tal manera que la Contratación directa debe garantizar el cumplimiento de esos fines a través de la observancia de los principios de economía y transparencia, y en especial el deber de selección objetiva que establece la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. Entre los lineamientos generales para que las personas contratistas utilicen adecuadamente esta modalidad de contratación, debe preponderar a toda costa, evitar la vulneración de la normativa vigente, y buscar la aplicación de los principios administrativos esenciales en la conformación del contrato y así evitar pérdidas y desgastes de los recursos estatales.

La Corte Constitucional ha enunciado que al contratar directamente, no debe excluirse del proceso la aplicabilidad de  las normas y principios que puedan garantizar una adecuada escogencia del mejor sujeto en razón a lo que más convenga al Estado. La entidad estatal contratante debe buscar una igualdad real de oportunidades en la escogencia del contratista,  buscando que se genere el mejor cumplimiento del objeto del contrato para lograr el fin estatal encomendado; y para ello la entidad debe realizar un análisis jurídico, técnico y /o económico que busque fundamentar la escogencia de la herramienta de contratación directa; es allí en donde el principio de transparencia cobra relevancia.

Además y en virtud del principio de economía, se deben realizar los estudios previos de manera seria y clara, además de los análisis necesarios junto con la adecuada preparación y observancia de la ley, haciendo que los documentos atiendan los requerimientos especiales consignados en el art. 3 del Decreto 2474 de 2008. Es de suma importancia que el documento que avale y justifique la contratación directa, esté consignado en los estudios previos correspondientes y en el acto administrativo que contempla la escogencia de la modalidad de contratación directa, junto con los requerimientos legales exigidos, es decir la observancia de los deberes funcionales, ya que su vulneración genera faltas gravísimas, consignadas en el  artículo 265 de la Ley 1952 de 2019. Los servidores públicos se encuentran obligados a buscar en la contratación el cumplimiento de los fines de la propia contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y sobre todo a proteger los derechos de la entidad estatal, del contratista en sí y de aquellos terceros que puedan verse afectados en la ejecución del contrato. Es por ello que el principal objetivo de cualquier tipo de modalidad de contratación estatal sea la de cumplir con el fin específico que se quiere lograr para la satisfacción de la necesidad que tiene el Estado, y atendiendo a este precepto, la contratación directa debe hacerse buscando esa satisfacción específica de la necesidad, delimitando correctamente su objeto, obligaciones y aspectos esenciales.

Deja una respuesta